Violencia política virtual: el obstáculo para mujeres y disidencias

Por Victoria Eizaguirre*

El tiempo de pandemia nos presenta una oportunidad para re-pensar las campañas electorales. Ya sea por falta de condiciones óptimas para la celebración de elecciones o incertidumbre acerca de la prolongación de las medidas sanitarias de aislamiento preventivo, la gran mayoría de elecciones que debían realizarse en la región este año se están posponiendo. Muchas de ellas ya tienen previstas fechas en el mes de septiembre, lo que nos indica que buena parte de las campañas electorales han tenido que adaptarse a las limitaciones de circulación en el espacio público y la concentración de circulación en otro: el espacio virtual. Aquí, la violencia política de género encuentra su asidero.

La virtualidad que ya había empezado a ser el escenario predilecto para promocionar las candidaturas cobrará mayor protagonismo en este año y los próximos en donde los actos masivos en espacios públicos seguramente se encuentren limitados. Las redes sociales son una de las principales arenas donde se desenvuelve la actividad política: se dan a conocer los y las candidatos/as, se comparten plataformas electorales y se generan lazos, intercambios y debates. Sin embargo, a su vez, son el espacio donde se manifiesta en gran medida la violencia política por razones de género contra aquellas mujeres e identidades disidentes que optan por participar en política y candidatearse para algún cargo electivo.

La violencia política de género es definida en nuestra legislación[1] como toda acción que basada en razones de género busca limitar o impedir el desarrollo de los derechos y deberes políticos de las mujeres, o que busque menoscabar su ejercicio o actividad política. Esta puede ocurrir en el espacio de la vida política pública, entendido como las instituciones estatales, recintos, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y medios de comunicación, entre otros. En ese “entre otros” podemos encontrar el espacio público-político de las redes sociales.

Las redes sociales fueron el espacio donde más se concentraron las agresiones a las candidatas en las últimas elecciones nacionales y provinciales de nuestro país. Un estudio realizado por ELA, el Observatorio Electoral de COPPPAL y el Observatorio Julieta Lanteri de FUNDECO sobre las elecciones nacionales y provinciales del año pasado revela las distintas formas en las que las mujeres y disidencias candidatas de todo el arco partidario vieron menoscabados sus derechos políticos en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).

Los principales hallazgos, de la muestra de candidatas analizada, indican que la mayoría de las agresiones que recibieron fueron expresiones discriminatorias vinculadas a la violencia simbólica ejercida contra mujeres y disidencias que va desde el menosprecio de sus capacidades hasta alusiones a sus cuerpos y sexualidad, en segundo lugar acosos, en tercer lugar amenazas y en cuarto lugar, campañas de desprestigio que buscaron dañar la credibilidad y la trayectoria de las candidatas.

Fuente: Violencia contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales (ELA)

El patrón que se puede ver en las agresiones es que son claramente manifestaciones de violencia machista que tienen por objeto desalentar la participación política de mujeres y disidencias, y que además de afectar a mujeres de todo el arco partidario, se concentran en mujeres o identidades disidentes que son “jóvenes, de izquierda, feministas”. En estos casos las agresiones son más intensas y brutales.

Que las mujeres políticas sufren violencia por razones de género en ese ámbito no es ninguna novedad. En el año 2018 el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó el informe “Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona” en el que recopilaron a través de entrevistas en profundidad y encuestas cerradas, las experiencias de legisladoras nacionales, y provinciales de CABA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe y San Juan. La información recopilada reveló que para el 98% de las encuestadas la política es un espacio donde persisten las discriminaciones por razones de género y en el cual las mujeres tienen obstáculos culturales que les impiden acceder fácilmente.

Por un lado, muchas limitan su participación en política por sus responsabilidades familiares (91% de los casos), por falta de apoyo de los varones (76%), por la cultura dominante y el rol que impone a la mujeres en la sociedad (86%), por falta de recursos (64%) y por miedo sobre su integridad física (18%). Por otro lado, las mujeres que participan en política sufren de agresiones perpetradas en un 63% de los casos por varones y en la gran mayoría de los casos a través de redes sociales. Internet es el espacio que lidera las agresiones, seguido de las sedes partidarias y el propio recinto. 

¿Cómo se puede regular el espacio virtual?

Definitivamente es necesario regular los espacios en los que se desenvuelve la campaña electoral para evitar que candidatos y candidatas vean afectados negativamente sus derechos a participar en política. El espacio virtual no puede ser una excepción.

El debate sobre la regulación de las campañas en la virtualidad empezó a cobrar mayor relevancia en las últimas campañas electorales con las elecciones presidenciales estadounidenses y el escándalo de Cambridge Analytica, el caso del Brexit en Gran Bretaña, entre otros. La saturación del espacio virtual con trolls, bots y fake news presentó nuevos desafíos para los estados democráticos.

En el 2017, entró en vigencia en Alemania la “Ley para Mejorar la Aplicación de la Legislación en las Redes Sociales”. A través de la norma se instruyó a las principales redes sociales a generar dispositivos accesibles de denuncia para mensajes y posteos que contengan injurias, difamación, la incitación a cometer un crimen, un discurso del odio contra grupos determinados o amenazas, así como su posterior eliminación. Francia, por ejemplo, sancionó una ley contra la desinformación en redes a través de las conocidas fake news en el 2018. A partir de la modificación del Código Electoral y de la Ley de Libertad de Comunicación, se habilita al Poder Judicial a ordenar la remoción de noticias de redes sociales que sean consideradas falsas.

Es mismo año, la Cámara Nacional Electoral argentina publicó la Acordada Extraordinaria N°66 previo al proceso eleccionario presidencial y legislativo del 2019. El objetivo de la acordada es el de proteger el voto informado de los/as electores/as a través de diversas medidas que incluyen: la creación de un registro de cuentas de redes sociales y páginas web oficiales, rendición de cuentas sobre campañas en redes sociales e Internet, campañas de difusión y concientización cívica sobre estos temas. Un dato  no menor es que las publicidades en redes sociales pasaron a ser uno de los principales rubros de gastos en las rendiciones de cuentas de los partidos políticos y alianzas que compiten en nuestro país, lo que indica que la difusión de candidaturas se da en buena medida en este espacio.

Sin embargo, la regulación del espacio virtual en pos de proteger los derechos políticos de mujeres y disidencias no aparece en el abordaje planteado por estas medidas. Recientemente, en la provincia de Santa Fé, la jueza Romina Scaglia del Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de Granadero Baigorria ordenó a Facebook la eliminación de una cuenta por los delitos de discriminación, acoso y violencia de género contra una mujer con actividad política en esa ciudad que había sido candidata a concejala en las elecciones del 2019. La llegada de este caso a instancia judicial y su posterior resolución en favor de los derechos políticos de las mujeres es, lamentablemente, más una excepción que la regla.

Así como es necesario regular el espacio virtual para poder proteger a los/as electores/as para que puedan ejercer su derecho al sufragio de manera informada durante los períodos de campaña electoral, es necesario proteger a quienes se presentan para los cargos en juego haciendo especial hincapié en quienes sufren las mayores agresiones: mujeres y disidencias.

*Lic. en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente universitaria en UBA y UTDT (Universidad Torcuato Di Tella).

[1] Incorporación a la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres en diciembre del 2019.

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