Violencia política de género y campañas electorales en pandemia

En esta pandemia, somos testigos de cómo los patrones de violencia de género existentes se acentúan fruto de las medidas aplicadas para lidiar con la emergencia sanitaria, tanto en el ámbito de lo privado como lo público. En este contexto, la violencia política de género no es la excepción a la regla.

Por Victoria Eizaguirre*

En el tiempo que ha transcurrido de este aislamiento social preventivo obligatorio[1], según el relevamiento del Observatorio “Ahora que si nos ven”, 63 mujeres fueron asesinadas en Argentina. En un 71% de los casos las mujeres fueron asesinadas en sus hogares y en 70% de los casos los femicidas fueron sus parejas. En esta primera mitad del año, en nuestro país ocurrieron 162 femicidios: uno cada 27 hs. Estos números lamentablemente no nos sorprenden. La violencia física contra las mujeres, que en su extremo máximo se cobra hasta sus vidas, es una más de las consecuencias que sufrimos por vivir en una sociedad patriarcal.

En estos momentos de emergencia sanitaria producto de la pandemia, se ha puesto la lupa sobre la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres al estar aisladas en sus hogares con sus agresores. Un reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, plantea que se han acentuado los patrones de violencia existentes. Los llamados a las líneas de denuncias y asesoramiento para casos de violencia de género, como es la Línea 144, han aumentado exponencialmente hasta un 80% en algunos países. Han aumentado no solo los casos de violencia física y psicológica perpetrada por parejas al interior del hogar sino también la violencia familiar y sexual contra niñas y adolescentes perpetradas por familiares cercanos.

Además de los casos denunciados en el ámbito doméstico, se han denunciado casos de violencia en el ámbito laboral, sobre todo en aquellos sectores que se encuentran abocados a la atención de la pandemia como lo es el sector de la salud. En el ámbito de lo público pueden evidenciarse otros tipos de violencias por razones de género como la institucional, obstétrica, mediática, y la que podemos definir como violencia pública-política.

Violencia política de género y elecciones COVID-19

La violencia política por razones de género tiende a manifestarse por lo general contra candidatas en épocas de campaña electoral para desalentar su participación en las contiendas electorales. Este año con pandemia de por medio, estaban previstas una serie de elecciones en la región latinoamericana para renovar cargos de distintos niveles de gobierno (local, provincial/estadual, nacional).

En Argentina, el municipio de Río Cuarto debía renovar sus cargos locales el 29 de marzo pero las elecciones fueron pospuestas al 27 de septiembre por la pandemia. En México debían realizarse elecciones es los estados de Hidalgo y Coahuila el 7 de junio y ahora tienen fecha tentativa en septiembre. En Bolivia las elecciones generales estaban previstas para el 3 de mayo y fueron desplazadas para octubre. Por el momento, República Dominicana es el único país de la región que celebró sus elecciones en este período de pandemia el pasado 5 de julio.

El 5 de julio la República Dominicana celebró las elecciones generales en las que se renovaron el cargo presidencial y los cargos del Poder Legislativo (el 15 de marzo, luego de unas fallidas elecciones en febrero, se realizaron elecciones locales en las que se presentaron más de 7.800 candidatas). La violencia política de género lamentablemente se hizo presente en este proceso eleccionario.

Según lo reportado por la OEA en el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral que se realizó en el país, podemos ver que las mujeres candidatas vieron menoscabados sus derechos politico-electorales principalmente a través de dos formas: dilaciones en el pedido de adecuación de listas electorales que no cumplían con la cuota de géneros requerida, por un lado, y agresiones, amenazas y violencia mediática, por el otro.

En cuanto a la regulación de la conformación de listas de candidatos y candidatas, la Misión observó que la Junta Central Electoral (JCE) admitió listas que no cumplían con la cuota legal de género  y no ordenó su adecuación hasta el 30 de mayo (poco más de un mes antes de la elección). Según el informe, esto generó un estado de incertidumbre para las candidatas que afectó su capacidad de hacer campaña, conseguir financiamiento para sus campañas, entre otras.

Por otro lado, la MOE recibió información sobre situaciones de amenaza y presión directa a candidatas con el objetivo de que abandonaran sus postulaciones o se ajustaran a la voluntad de las dirigencias partidarias. Además, la cobertura mediática de las candidaturas de mujeres se vio plagada de cosificaciones y comentarios acerca de su aspecto físico o vestimenta.

En este sentido, las recomendaciones de la OEA con respecto a la participación política de las mujeres giran en torno a la necesidad de adoptar una ley contra la violencia política hacia las mujeres asi como a la promoción de programas de capacitación que contengan perspectiva de género y que contemplen la capacitación de líderes partidarios y miembros de juntas electorales (espacios donde se presentan buena parte de los obstáculos que enfrentan las mujeres).

La necesidad de regular y sancionar la violencia política de género

La violencia política de género, sin embargo, es un fenómeno que no se limita a lo sucedido en el proceso eleccionario de República Dominicana. El menoscabo de los derechos políticos de las mujeres puede evidenciarse en todos los países de la región: es un problema sistemático.

En nuestro país, la violencia política por razones de género fue reconocida como tal en diciembre del 2019, fruto de una modificación a la Ley Nacional N°26.485 de Protección Integral de las mujeres, donde se introdujo a la violencia pública-política como una de las modalidades en las que se manifiesta la violencia y se la definió como aquella acción que:

“impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

A nivel regional, la OEA publicó en el año 2017 la Ley Modelo Interamericana que tiene como objetivos prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, invitando a los Estados de la región a sancionar sus propias normas.

Uno de los estados que sancionó su propia normativa fue México, que en abril de este año a través de modificaciones a cinco leyes generales y tres orgánicas, reconoció a la violencia política contra las mujeres en un delito electoral a nivel federal. La regulación de la violencia política era inminente. En las últimas elecciones federales, según la consultora Etellekt, 106 candidatas y precandidatas fueron agredidas en la campaña electoral y alrededor de un centenar de candidatos y candidatas fueron asesinados/as en plena campaña (sobre todo en los cargos locales). En promedio, 1 candidato/a era asesinado/a cada 4-5 días. Este año, en lo que va de la campaña en el estado de Hidalgo, la violencia de género una vez más se hizo presente.

Otro de los países que cuenta con normativa vinculada a erradicar la violencia política de género es Bolivia[2]. La sanción de la Ley N°243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en el 2012, se da en un contexto de más de 572 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres en los tres años anteriores y el asesinato de Juana Quispe,, una de las concejalas gestoras de la ley. En las elecciones de octubre del 2019 y sus posteriores manifestaciones, se pudo ver claramente la violencia contra candidatas y alcaldesas electas como Patricia Arce quien fue secuestrada y brutalmente agredida.

En síntesis, vemos que toda normativa debe ser acompañada también de un cambio social y cultural. Las mujeres tienen que poder ejercer sus derechos político-electorales libres de violencias y en igualdad de condiciones. En este sentido, la pandemia presenta una oportunidad para realizar el llamamiento a los Estados a que reconozcan en sus legislaciones este tipo de violencia e inicien las acciones necesarias para erradicarla y sancionarla.


*Lic. en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente universitaria en UBA y UTDT.

[1] Recomiendo lectura del informe “El acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia” (2013): https://www.bivica.org/files/violencia-politica-acoso.pdf

[2] El relevamiento analiza el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 7 de junio.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s