Formas de gobierno en jaque: la democracia y sus problemas actuales

Por Lic. Pilar Álvarez Rodríguez (Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares)

Introducción

¿Está realmente en crisis la democracia? Esta pregunta ronda como un fantasma por la academia hace ya varias décadas y múltiples han sido los intentos de respuesta. Y es que no es menor que los regímenes democráticos estén en jaque y todavía no hayamos sabido descifrar el porqué de la cuestión. ¿Será acaso la forma de gobierno en sí misma? ¿O será la crisis de representación que presentan los partidos políticos? ¿Puede ser que la sociedad esté virando hacia una cultura más asertiva o que el mundo esté cambiando a tal velocidad que las instituciones democráticas no logran adaptarse a él? ¿Será que la democracia no significa lo mismo para unos que para otros? ¿O se trata de que nos faltan conceptos para analizar y desentrañar lo que sucede en estos tiempos? Estos y más interrogantes surgen a la hora de querer conceptualizar qué es lo que está sucediendo a nivel global con las democracias. Este trabajo se propone entender si debido a determinadas causas y factores, como la crisis partidaria o los cambios en las culturas políticas, el sistema democrático peligra.

Democracia, breve recorrido por la historia de su significación

Etimológicamente, la palabra democracia proviene del griego demos (pueblo) y kratos (poder o gobierno), significando gobierno del pueblo, aunque es mucho más que eso. Por empezar, la democracia contemporánea no es igual a la democracia ateniense, en la cual aquellos hombres considerados ciudadanos discutían, votaban y participaban activa y directamente en las cuestiones públicas referidas a sus ciudad-Estado o polis. Hoy en día, la democracia entendida como forma de gobierno en la que el pueblo se expresa y participa directamente sobre los asuntos públicos no solo no sucede, sino que resulta imposible, dada la cantidad de individuos que conforman la ciudadanía de cada Estado. Si bien existen mecanismos, como el plebiscito o el referéndum en algunos regímenes, estos se realizan frente a determinadas circunstancias y no para todos los asuntos públicos.

Norberto Bobbio (2006) señala tres usos posibles de democracia: descriptiva, prescriptiva e histórica. La primera, referida a las formas de gobierno existentes, que engloba las tipologías y rasgos; la segunda, referida al carácter positivo o negativo de la democracia; y la tercera, que remite al análisis empírico de cómo se sucedieron históricamente las diversas formas de gobierno. A su vez, la democracia debe ser entendida también como procedimiento y como valor normativo. El primero implica que debe existir la posibilidad de intervenir en la decisión colectiva, un acceso libre e igualdad de recursos y una decisión mayoritaria que respete y vele por las minorías, y el segundo refiere a que la democracia es una utopía, un horizonte al que queremos llegar, dotado de contenido sustancial, condiciones sociales y la construcción de un orden social.

La forma de democracia que tenemos hoy en día es la democracia representativa. Pero, para hablar de democracia representativa, es necesario retomar un debate previo y sumamente importante en la constitución de la Modernidad: el liberalismo versus el republicanismo.

El principio de mandato representativo fue desarrollado por el padre del liberalismo, John Locke, en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, texto en el cual el autor planteaba que, frente a la desconfianza, el poder debe limitarse para que no interfiera en la autonomía individual. Esto se conocerá luego como libertad negativa, ya que se buscaba garantizar los derechos naturales y la no intervención estatal. El precepto básico del que Locke empieza a desarrollar su teoría es que los individuos tienen derechos naturales, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, y son previos a la conformación del Estado. Debido a esto, es necesario generar un consentimiento para la constitución de una sociedad civil, un pacto. Esta sociedad civil tendrá el poder soberano, lo que al mismo tiempo le confiere el poder constituyente. Sucedido esto, un segundo pacto basado en la confianza tomará lugar: la sociedad civil se convertirá en sociedad política y el poder constituyente pasará a ser poder constituido. La clave está en que, para poner en marcha a esta sociedad política, es necesario elegir representantes que representen al conjunto de la nación.

Por otro lado, cruzando el Canal de la Mancha, el francés Jean-Jacques Rousseau, padre del republicanismo, elaboró una teoría completamente diferente, basada en la participación política activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, en una libertad positiva. Así, como Locke introdujo el mandato representativo, el autor francés planteó uno imperativo.

Según su teoría, existen tres momentos, uno en el que hay Estado de naturaleza, otro en el que ese Estado de naturaleza se pierde y nos desnaturalizamos al pasar a vivir en sociedad, y un último en el que para vivir en comunidad y recuperar esa igualdad inicial, es necesario el contrato social. Este tercer momento, el del contrato social, se caracteriza por dar consentimiento para formar una colectividad. Así surge la idea de pueblo y de soberanía popular: el sujeto nuevo tiene una voluntad general que se expresa a través de leyes que piensen en el bien común (lo que se conoce como modelo republicano). Esta capacidad soberana del pueblo es intransferible e indivisible. La asamblea necesita que se nombren delegados que tengan estricto mandato de ejecutar la ley, por eso se habla de mandato imperativo, ya que si no cumplen son revocados.

Los conceptos legados por Locke y Rousseau siguen vigentes en las democracias contemporáneas, por eso la necesidad de mencionarlos. Ambos hablan de la representación, pero en términos completamente diferentes, debido a los tipos de mandatos que se derivan de sus teorías. Actualmente, la democracia representativa, es considerada como la única forma de gobierno posible que no sea autocrática, ya que resulta imposible el ejercicio de una democracia directa en territorios vastos y con gran cantidad de población.

Por otro lado, cabe destacar que hoy existen varios principios que permiten caracterizar a las democracias contemporáneas, como la separación del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, contar con una constitución o marco normativo superior del cual derivan todas las demás normas, la existencia de partidos políticos que compiten libremente en elecciones, la pluralidad y periodicidad de estas últimas, la alternancia en el poder, un Estado de derecho y accountability o rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

Como bien puede verse, la democracia es un concepto sumamente complejo y con varias aristas. Sin embargo, lo más importante a saber es que es imperfecta. Esta es la razón por la que debe cuidársela y por la que se debe debatir sobre cómo puede mejorarse, aspecto que se analizará más adelante.

Adentrándonos en el concepto de representación

Como ya se ha establecido, actualmente tenemos democracias representativas, un tipo de democracia en el que gobiernan los ciudadanos a través de la selección de un grupo de ellos, elegidos a través de un proceso electoral. De esta forma, los ciudadanos pasan a ser representados por los representantes, cuyo ejercicio toma en consideración al interés general.

En su obra Los principios del gobierno representativo, el filósofo francés Bernard Manin especifica cuatro elementos básicos que permiten considerar como representativo a un gobierno:

  1. La autonomía parcial de los representantes frente al electorado. Si bien se ha vinculado este principio al mandato imperativo, ya que los representantes -como delegados- están sujetos a la voluntad de sus electores y a la posibilidad de verse revocados si no cumplen con las expectativas de estos, Manin plantea que los representantes responden al interés general de la nación, y no al de circunscripciones particulares, intereses o facciones.
  2. Libertad de opinión pública. Implica que los representados puedan entrar en el espacio político y expresarse libremente. Existen dos requisitos para que se cumpla plenamente. El primero es que los representados deben tener acceso a la información pública, con el fin de conocer qué decisiones toman sus representantes y, en consecuencia, puedan formarse una opinión sobre los distintos asuntos públicos; el segundo es que, más allá de los comicios, los representados tengan la posibilidad de expresar su opinión en todo momento. Los representantes no pueden ignorar a sus representados.
  3. Periodicidad de elecciones. Mecanismo regular de control que tiene la ciudadanía sobre sus representantes, ya que si está descontenta puede optar por no reelegirlos. La periodicidad resalta la importancia de que los representantes rindan cuentas al electorado y no los ignoren.
  4. Juicio mediante discusión. Se refiere a que toda decisión política que surja en el ámbito parlamentario deberá ser fruto del consenso mayoritario, lo que implica que toda decisión política deberá haber sido previamente discutida y consensuada.

Según las características que tengan estos principios y de cómo se dé la relación entre representantes y representados, podemos mencionar tres tipos ideales de gobierno representativo: parlamentarismo, democracia de partidos y democracia de audiencia. Giovanni Sartori (1999) considera a la representación en su significación originaria, como actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses. En este sentido, el pueblo elige a sus representantes, cediéndoles la difusión y defensa de sus intereses y objetivos. Los representantes deberán defender estos intereses de forma racional y ordenada dentro de un debate público con otros representantes.

Si bien los cuatro elementos mencionados se utilizan para caracterizar a los gobiernos representativos, es preciso decir que a cada uno de ellos puede ser cuestionado. En primer lugar, suele ponerse en duda si realmente los representantes cuentan con autonomía real para ejercer el poder. Segundo, la ciudadanía no entra libremente en el espacio público, ya que la opinión pública suele estar copada por líderes de opinión o partidos políticos, lo que deviene en una falta de independencia a la hora de formar las opiniones. Tercero, los candidatos rara vez se presentan en igualdad de condiciones a las elecciones. Y, cuarto, en los parlamentos el debate cada vez es menor, prevaleciendo las variaciones por las distintas pujas de poder.

Estas y otras controversias serán definitivas a la hora de determinar las causantes de los problemas que atraviesa la democracia.

Problemas al interior de las democracias: actores y comportamiento político

Levitsky y Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, afirman que hoy las crisis surgen de las urnas. Los ciudadanos tienen miedo y no saben realmente qué quieren de una sociedad. El dilema moral de la democracia es la parte instrumental y esencial de ella. Para poder comprenderlo, es necesario entender cómo se inserta la sociedad en el juego político, identificar qué percepciones actúan en ese juego y cómo se construyen la acción política, los imaginarios, las ideologías y las expectativas de los actores involucrados.

Hoy estamos en un Estado de derecho. Para ser considerado como tal, debe contar con las dos acepciones del término: derecho objetivo y derecho subjetivo. El primer sentido refiere al derecho normativo, que el ordenamiento jurídico sea la vía y el límite del poder; el segundo exige que, además, ese ordenamiento jurídico incorpore los derechos y libertades fundamentales de las personas. Esto quedará garantizado solo si los ciudadanos participan en su creación, que únicamente sucede en la democracia. Por ello, solamente en una democracia puede realizarse plenamente el Estado de derecho (Del Moral; 2010). Además del marco normativo o legal, el Estado de derecho también se caracteriza por la separación de poderes para regular la vida pública, el control de líderes y autoridades y la fiscalización de sus trabajos, y derechos y verdades fundamentales, como el voto.

La política necesita organizaciones sociales que reúnan, unifiquen y representen los intereses de los ciudadanos; requiere de instituciones que conformen, representen, discutan, decidan e implementen las propuestas de conformación de gobiernos y de parlamentos que se apoyan en los partidos políticos; y necesita ciudadanos comprometidos que participen en las discusiones.

Según la Teoría de la Competencia, existen diversos intereses en las sociedades, lo que se conoce como pluralismo. Dado que existe una competencia de ideas, el proceso de formación de opinión en la sociedad pluralista debe pasar por un proceso abierto de debate entre los grupos de interés heterogéneos. Al no poder existir una solución absolutamente correcta, las decisiones se toman según el principio de la mayoría; aunque no debe darse una “tiranía de la mayoría” que infrinja las reglas democráticas, ya que las decisiones mayoritarias también pueden implicar deficiencias o incluso estar equivocadas. Es importante que exista una protección de las minorías sólida y garantizada constitucionalmente y un reconocimiento de la derrota en las elecciones.

Con relación a esto, los partidos políticos unifican e integran diferentes intereses y es su deber pronunciarse sobre todos los asuntos y temas que conforman el ordenamiento y la organización de una sociedad. De ellos surgen las élites políticas. Si bien los partidos suelen tener orígenes y trayectorias distintas, poseen una serie de características comunes. En primer lugar, cuentan con una condición grupal organizada; también, participan en la lucha por el poder y en la formación de la voluntad política del pueblo, es decir, en los procesos decisorios de la política. Asimismo, desempeñan la función de intermediarios entre los grupos sociales de interés y el Estado. En las democracias contemporáneas, se reconoce a los partidos políticos como vehículos del pluralismo político.

A su vez, así como es importante comprender el rol de los partidos políticos en el sistema político, igual de significativo es entender cómo es y se configura la cultura política dentro de él. Se entiende por cultura política a un conjunto de orientaciones subjetivas hacia los objetos especializados de la política. Estas orientaciones subjetivas provienen de distintos ámbitos de socialización y moldean las creencias, valores, actitudes e identidad de los individuos. Pueden ser de tres tipos: cognitivas, que implican la capacidad de comprender o la capacidad racional de los sujetos; afectivas, refieren a los sentimientos; o evaluativas, juzgan y evalúan los objetos de la política (Almond y Verba; 1970). Estos últimos son el sistema político, como objeto general, es decir las estructuras, roles, titulares de los roles y principios que gobiernan; los inputs o proceso político; los outputs o proceso administrativo, es decir, la respuesta que se brindará desde la burocracia a las demandas de la sociedad; y el individuo como objeto, que significa qué tipo de orientaciones tienen de sí mismos los sujetos y qué tan conscientes son respecto al lugar que ocupan dentro de la política.

En base a esto puede definirse qué tipo de congruencia hay entre la cultura política de una sociedad y su estructura política. Si se conoce y se tiene un sentimiento positivo hacia el sistema político y, por ende, se realiza una evaluación positiva de los objetivos de la política, nos encontramos antes una cultura política de la lealtad. Si se conoce el sistema político, pero hay indiferencia a nivel afectivo y evaluativo, presenciamos una cultura política de apatía. En cambio, si la ciudadanía sabe cómo funciona el sistema político y aún así sus sentimientos y evaluación son negativos, se trata de una cultura política de alienación o resignación. Así, existen tres niveles de cultura política: el histórico-cultural, que refiere a las significaciones compartidas por una sociedad, a sus identidades colectivas; las reglas de juego, es decir las normas aceptadas por el conjunto de los actores; y las expresiones cotidianas, que se entienden como la construcción de la visión política y la posición personal que tienen los individuos.

Entender en qué consiste una cultura política y qué tipo de cultura política tiene cada país es central a la hora de analizar el comportamiento ciudadano. Actualmente, nos enfrentamos ante el pasaje de un modelo de ciudadanía con cultura de la lealtad hacia uno con cultura de la asertividad. ¿Qué significa esto? La cultura de la lealtad implica confianza en las instituciones, poseer una fe filantrópica (la solidaridad sin esperar algo a cambio) y el cumplimiento de la norma. Esta cultura genera una gobernanza basada en la efectividad. En cambio, la cultura asertiva tiene como eje la libertad individual, la igualdad de oportunidades y la participación en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía, generando un modelo de gobernanza basado en la rendición de cuentas o accountability. Este pasaje podría ilustrarnos una de las causas por las que las democracias hoy se encuentran en crisis, y es precisamente por la forma en la que la ciudadanía se comporta. En un mundo donde la información está al alcance de un click, el rendimiento de cuentas y la transparencia de los gobiernos se ha vuelto central y puede ser causa de la finalización de los mismos.

Si la confianza en las instituciones y los gobernantes se pierde, la democracia peligra. Se entiende por confianza a las expectativas positivas que tienen los sujetos sobre las intenciones y comportamientos de otros sujetos u organizaciones y es de vital importancia para los gobiernos democráticos. Principalmente porque cuando existe una cultura política y un capital social, el cumplimiento de la ley se acata, la legitimidad del sistema se refuerza, se robustece la habilidad de los gobiernos para implementar legislación y políticas públicas, aumenta el involucramiento en participación política y pueden emprenderse reformas. Si hay poca cultura cívica y bajos niveles de asociatividad civil, identidades sociales débiles, inexistencia de un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que regule la convivencia social y amplia desigualdad social, que imposibilita pensarse como colectivo, la desconfianza emerge y la posibilidad de querer revocar al gobierno se torna una alternativa viable.

¿Está realmente muriendo la democracia?

El politólogo uruguayo Andrés Malamud titula su artículo en la revista Nueva Sociedad ¿Se está muriendo la democracia?, y la respuesta que brinda es un rotundo no. Su objetivo consiste en analizar algunas de las posturas que actualmente están vigentes en torno a la crisis democrática. Estas son la proliferación de golpes de Estado y el desplome a causa de los ataques internos del régimen. Respecto a la primera postura, el autor sostiene que, aunque los golpes ya no se den con tanta frecuencia como en la década de los ’90, el término está cada vez más en uso. Al analizar el porqué de esta cuestión, llega a tres causas: la primera es que a pesar de que hoy se den menos golpes de Estado, la inestabilidad política en Latinoamérica es cada vez más usual -no todos los presidentes han terminado su mandato en las últimas tres décadas. La segunda causa se debe a la expansión de la cobertura del concepto a pesar de su infrecuencia, es decir, a utilizarlo por inercia; y la tercera es la utilidad política que se hace del concepto; a aquellos que padecen la inestabilidad les conviene mostrarse como víctimas de un golpe y no como víctimas de su propia ineptitud o de un mecanismo constitucional como el juicio político.

Frente al incremento y mal uso del concepto, Malamud se encarga de describir y contrastar lo que se conoce como golpe de Estado clásico, que es “la interrupción inconstitucional de un gobierno por parte de otro agente del Estado” (Malamud, 2019, p.3), frente a los golpes actuales. El golpe clásico estaba constituido por el agente que lo llevaba a cabo (estatal y generalmente las Fuerzas Armadas), el destinatario (el gobierno o el Jefe de Estado) y el procedimiento. Como hoy en día los mandatos siguen siendo interrumpidos, pero los tres elementos previos no suelen encontrarse todos presentes, han aumentado los calificadores con el fin de justificar el término “golpe” en situaciones que no lo ameritan. Es así como se encuentra el “golpe electoral”, “golpe de la sociedad civil” o “golpe de mercado”, en vez de revolución, para referirse al momento en el que un Jefe de Estado es destituido ilegalmente por un perpetrador no estatal. Lo mismo sucede con los autogolpes, reemplazados por conceptos como “golpes judiciales” o “golpe en cámara lenta”. El autogolpe suele darse cuando un perpetrador estatal atenta contra otro órgano de gobierno, por ejemplo, cuando el presidente cierra el Congreso. La situación se repite frente al juicio político, calificándolo de “golpe blando”, “golpe constitucional” o “golpe parlamentario”, cuando en sí consiste en un mecanismo de destitución legal del presidente. Sin embargo, lo interesante para el autor no es si estamos o no frente a golpes de Estado cuando se habla de este tipo de destituciones, porque la democracia ya no quiebra con ellos, sino que lo hace al mantenerse.

El mismo argumento es sostenido por los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) cuando afirman que, desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos. Retornamos a la premisa de que la crisis surge desde las urnas.

En la entrevista realizada para el periódico español El País[1], Amanda Mars interrogó a Steven Levitsky acerca de si la fractura campo-ciudad erosiona a la democracia. La pregunta fue hecha respecto a la sociedad norteamericana y la repuesta fue afirmativa. Si bien se la considera un cambio lento, aunque nuevo, Levitsky no lo toma como sano para la democracia. La razón radica en que cada vez más los ciudadanos están perdiendo la tolerancia para convivir y coexistir con aquellos que piensan y son distintos a uno mismo, y no solo eso, sino que también está desapareciendo la costumbre y el poder de debatir sobre política. En el caso estadounidense, el autor destaca que los políticos representan solo a sus territorios y, si encima estos son homogéneos, la necesidad de generar consensos y llegar a acuerdos y compromisos -o hasta de negociar- se vuelve innecesaria. Justamente, esta es la razón de por qué es tan dañino para la sociedad: no hay integración entre los integrantes de los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata.

La preocupación por el arribo de Donald Trump al poder se desarrolla a lo largo de todo su libro y también se menciona en la entrevista periodística. Y es que, para él, las élites políticas son de vital importancia para cerrar el paso a los outsiders populistas.

Tanto Malamud como Levitsky coinciden en que la democracia siempre está en construcción y no debe dársela por sentado. Al contrario, debe cultivársela cotidianamente porque pueden aparecer demagogos que, ante los obstáculos para llegar al poder, empiecen paulatinamente a cambiar las reglas de juego, a insistir en que la democracia está secuestrada por una élite, a no reconocer ni legitimar los adversarios y hasta sospechar de los medios de comunicación. Actuando bajo una aparente legalidad, estos actores van socavando lentamente al régimen desde dentro, con el riesgo de generar un posible quiebre.

En este sentido, son determinadas prácticas políticas las que permiten que la democracia sobreviva. La clave radica en diversas cuestiones. En primer lugar, no actuar hasta donde la ley lo permita, sino moderarse. En segundo lugar, se encuentran la tolerancia mutua, aceptar a ese otro que es y piensa distinto a uno, y la contención institucional. Y, como tercera vía, moderar la polarización. Esta resulta positiva en los regímenes democráticos pero no en extremo, ya que vuelve irreconciliables a los sectores que se encuentran enfrentados y torna imposible la gobernanza.

Si bien son varios puntos en los que los autores están de acuerdo, la principal diferencia radica en que para Levitsky la democracia está muriendo mientras que para Malamud no.

Levitsky (2018) afirma que la renuncia de los líderes políticos a sus responsabilidades suele ser el primer paso hacia la autocracia de un país y, en consecuencia, al fin de la democracia. Las razones por las cuales algunos populistas son exitosos y otros fracasan depende de cómo reaccionen ante la llegada de ellos al poder los partidos del establishment. Asimismo, en la entrevista que sostiene con Amanda Mars le comenta que “hay una democratización de las democracias que genera mucha incertidumbre, más populismo”[2] y, sin embargo, la idea de volver al establishment es inconcebible, porque la gente no lo tolera.

En cambio, Malamud, tomando como referente a Schmitter, sostiene que el problema de las crisis democráticas se debe a la coexistencia de desafíos simultáneos en vez de desafíos consecutivos, que podrían sortearse mediante reformas graduales. La idea de que la democracia está en crisis, como bien se afirmó al principio de este trabajo, circula hace décadas, y es que “la distancia entre el ideal democrático y los regímenes efectivos siempre exigió ajustes constantes, así que la capacidad adaptativa, tanto como las crisis, es un elemento constitutivo de las democracias reales” (Malamud, 2019, p.9). Hoy el régimen depende de su desempeño y de cómo es evaluado por la ciudadanía, ya que hay una coexistencia de crisis económica y crisis de legitimidad, a la vez que los cambios de la comunicación de masas suceden al mismo tiempo que los cambios en la estructura económica. Sin embargo, el autor sostiene que la democracia continuará siendo el único régimen político que permite revocar a los gobernantes sin derramamiento de sangre.

Desafíos de la democracia

Como bien señala Przeworski (2010), la democracia se ha enfrentado a cuatro desafíos que hoy en día todavía generan insatisfacción en la sociedad. Se trata de la falta de igualdad en el ámbito socioeconómico; de la incongruencia que presentan los gobiernos, que no cumplen con su deber, sino que hacen lo que se les manda a hacer; de la incapacidad de transmitir a la ciudadanía que su participación política es necesaria y efectiva; y de equilibrar orden con no interferencia. A pesar de esto, el autor enfatiza que la credibilidad en el régimen no se pierde debido a que el ciudadano está siempre a la espera de ser seducido mediante promesas y campañas electorales para terminar decidiendo en el juego electoral.

A estos desafíos debe sumarse la crisis de representación que atraviesan los partidos políticos, que son los encargados de unificar e integrar los diversos intereses de la sociedad. Si esta percibe que los partidos se vuelven incapaces de canalizar sus demandas y de lograr respuestas por parte del Estado, la confianza y el apoyo a ellos desaparece.

Los partidos no son ajenos a esta situación ni mucho menos a su pérdida de legitimidad, ya que la misma se ve reflejada en la disminución de sus electores y afiliados. Uno de los cambios que se han introducido para apaciguar esta crisis ha sido “democratizar” la elección de candidatos a cargos públicos mediante las elecciones primarias. El problema de las primarias reside en que generan una personalización de la política, ya que la elección se vuelve en torno a los candidatos y no al debate de ideas o programas, y alimentan el faccionalismo y la división interna. Además, suelen criticarse porque muchas veces los partidos no presentan candidatos a internas, convirtiendo a las elecciones en un tipo de sondeo real de intención de voto ya que, al tener que optar por un solo candidato, los comicios marcan el piso desde el que cada uno se posiciona en su carrera hacia el cargo público.

Un ejemplo de esto fueron las últimas elecciones a Jefe de Gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, el frente oficialista, presentó como candidato al actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que dentro de los que componen la oposición, el Frente de Todos, integrado mayoritariamente por kirchneristas y peronistas, postuló a Matías Lammens, Consenso Federal a Matías Tombolini y el FIT Unidad a Gabriel Solano. Ninguno de los partidos presentó internas para dirimir en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

A su vez, los diversos esfuerzos de los partidos políticos por mostrarse efectivos y no perder legitimidad, los ha llevado a incorporar en sus propuestas a líderes que pueden no comulgar ideológicamente con ellos, pero sí sumarles votos. Esto puede resultar problemático cuando deciden incorporar en las internas a outsiders o líderes populistas, como fue el caso de Donald Trump que, contrario a lo que se creía, llegó a la Casa Blanca luego de vencer a Ted Cruz y Marco Rubio en las elecciones primarias del Partido Republicano en 2016. Al pasar de internas partidarias a elecciones a nivel nacional, el filtro que tenían los partidos se pierde, pudiendo ser elegidos este tipo de actores. Es problemático para la democracia porque, como bien afirmaba Levitsky (2018), frente a la presión de grupos marginados o que no encuentran representación en el sistema político, los partidos cambian su comportamiento, buscan abrirse, “democratizarse”, para que más voces sean incluidas con la consecuencia de que la democracia y sus instituciones peligren frente a un posible gobierno populista en el poder.

Sin embargo, afirmar que los problemas que tienen las democracias actuales se deben solo a la posibilidad de que líderes populistas lleguen al poder es ignorar que existen también otras razones.

Con la transición hacia modelos de ciudadanía asertiva y ante la desconfianza en la burocracia estatal, las poblaciones se han vuelto cada vez más exigentes con sus representantes. En el caso de las democracias latinoamericanas, la falta de transparencia combinada con los altos niveles de corrupción estatal, provocan grandes niveles de indignación en las poblaciones, que cada vez más se movilizan en forma de rechazo. El rasgo distintivo es que, a diferencia de lo que sucedía en las décadas de los años 60 y 70, hoy los golpes de Estado no son considerados como curso factible de acción para la remoción de los líderes. El mecanismo constitucional del juicio político ha sido el ejemplo clave en la historia latinoamericana que demuestra que, ante el descontento, existe una vía dentro del sistema democrático para sacar del puesto al Jefe de Estado.

Sin embargo, el descontento y las movilizaciones no solo están presentes cuando aparecen causas de corrupción o hay falta de transparencia, sino que a esto debe añadirse la frustración provocada por el estancamiento económico que las nuevas clases medias tienen al no ver cumplidas sus expectativas de mejoras en las principales áreas (como servicios públicos, economía doméstica, salud, entre otros), y el descontento que experimentan principalmente los sectores de clase media baja y baja frente a los brutales ajustes económicos y las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos.

Lo que sucede en América Latina es el reflejo de las dinámicas de desarrollo desigual y combinado provocadas por el capitalismo global. Como ejemplos que esclarecen este tipo de descontentos, pueden mencionarse los episodios ocurridos en Chile en octubre del año pasado y el desenlace de las últimas elecciones presidenciales argentinas.

El gobierno de Sebastián Piñera viene enfrentándose a una serie de protestas multitudinarias cuyo fin ahora es la renuncia del presidente. Estas movilizaciones comenzaron luego de que se oficializara un aumento en la tarifa del metro. La suba de la tarifa es la punta del iceberg, ya que debajo de ella se encuentra una sociedad devastada por el paquete de medidas económicas neoliberales adoptadas durante las últimas tres décadas y profundizadas por el gobierno del partido de centroderecha. Entre ellas se encuentran la privatización de servicios básicos como los fondos de pensiones, la educación y la salud, aumentos en las tarifas del gas, el agua y la electricidad, y el altísimo coste de vida, que incluye el precio de los alquileres. En este clima, la sociedad decidió salir a manifestarse pacíficamente en contra de los aumentos y a cambio solo obtuvo represión.

El caso argentino, en cambio, demostró menos tolerancia al neoliberalismo, ya que, tras cuatro años de un gobierno, el 27 de octubre de 2919 el presidente Mauricio Macri fue derrotado en las elecciones generales por Alberto Fernández. El corresponsal para la BBC Mundo, Daniel Pardo[3] sintetiza muy bien las tres fallas que tuvo el gobierno de Cambiemos:

  1. El incumplimiento de la promesa electoral de solucionar los problemas que presentaba la economía argentina, que se iban a hacer reduciendo la pobreza (“Pobreza cero” era el lema), ordenando las cuentas y bajando la inflación. Sin embargo, todas tuvieron el efecto contrario y hoy la economía se encuentra en recesión, las tasas de inflación y el índice de pobreza aumentaron[4] y, además, se contrajo deuda con el Fondo Monetario Internacional.
  2. La segunda falla se trata de un error de lectura de la realidad política argentina. Al no sumar a otras fuerzas políticas, más allá de la Unión Cívica Radical, como podían ser el peronismo disidente o el massismo, Cambiemos nunca logró obtener mayoría parlamentaria en el Congreso. Además, la serie de medidas económicas adoptadas y las leyes sancionadas durante la gestión fueron en detrimento de varios sectores, como las pequeñas y medianas industrias. Prácticamente, se confiaron en su núcleo duro de votantes, que ronda entre el 25% y el 30%, y se olvidaron de que el resto del electorado que los votó es volátil y podía retirarles el apoyo si se veían perjudicados.
  3. Por último, hicieron un mal diagnóstico del contexto internacional. Levantar el control de cambio (conocido y mal titulado por los medios de comunicación masiva como “cepo al dólar”) y saldar la deuda con los fondos de inversiones que impedían que el país llegara a los mercados fueron dos de las primeras políticas de Mauricio Macri al llegar a la presidencia. No obstante, en un mundo que está cerrando sus puertas y regresando al proteccionismo económico, donde además los grandes mercados ponen tasas altas de interés y se está librando una suerte de guerra comercial entre las potencias, específicamente Estados Unidos y China, implementar este tipo de políticas no solo no puede resultar beneficioso para el país, sino que termina siendo desacertado.

Tanto la sociedad chilena como la argentina se encuentran en un clima de tensión y polarización. A pesar de ello, es relevante destacar que, en el caso chileno, ante la falta de una solución que calme las aguas, el pedido que proclama la sociedad es la renuncia del presidente; y en el caso argentino, la opción a través de la cual se canalizó el descontento social fue la vía electoral. Esto es relevante ya más allá de que ambos países han tenido una fuerte trayectoria de golpes de Estado, hoy siguen eligiendo una transición que cambie el rumbo dentro del régimen democrático.

Conclusión

El objetivo de este trabajo estriba en entender si el sistema democrático está en peligro y, como se ha visto, varias han sido las cuestiones que surgieron a lo largo del análisis. Sin embargo, como punto fundamental, quiero destacar que no considero que la democracia esté en crisis, lo que no significa que haya que desatender ciertos asuntos.

En primer lugar, es imprescindible comprender que el modelo capitalista neoliberal se basa en la concentración de riqueza en las manos de unos pocos y por más eficaz que pueda ser un plan económico, el capital siempre encuentra la forma de que esa riqueza no sea distribuida.

Lo que está en crisis actualmente es la política y el Estado, que no logran encontrar la forma de controlar al capitalismo neoliberal de manera institucional, como así tampoco pueden aplacar los problemas de pérdida de poder adquisitivo y la desigualdad social y económica entre las distintas clases sociales, dar respuesta e involucrarse enteramente con el cambio climático o adaptarse a las distintas revoluciones tecnológicas.

América Latina se encuentra nuevamente ante la necesidad de gobiernos que tengan como objetivo elaborar estrategias de desarrollo sostenido que hagan frente a la enorme desigualdad que la región presenta en comparación con el resto de los países y economías industrializadas. Es imprescindible que el desarrollo institucional esté articulado con el crecimiento económico y que se planteen medidas para abordar situaciones tan complejas como la pobreza o la desigualdad de la riqueza. Además, es preciso que los Estados creen instituciones gubernamentales sólidas y transparentes, que proveerán al sistema de previsibilidad normativa y de calidad democrática.

El tener gobiernos abiertos resulta un claro ejemplo de sociedades con transparencia institucional, ya que la ciudadanía puede observar, controlar y verificar qué están haciendo los funcionarios de los organismos públicos y de qué forma. Si bien Latinoamérica ha adoptado estas políticas, todavía le queda un largo camino por recorrer en materia de transparencia, ya que las denuncias por corrupción, malversación de fondos o lavado de dinero, por nombrar algunas, siguen siendo moneda corriente. Asimismo, el diseño institucional y el marco legal siguen siendo anticuados frente al mundo que se viene, como también lo son las expectativas sociales. Aunque queda la esperanza de que gracias a la globalización y a las diversas fuentes de información e intercambio esto comenzará a cambiar.

Otro punto al que se debe estar atento y no dejarle de prestar atención es al resentimiento y a la frustración que la población tenga con el gobierno. Esta se encargará por varias formas y medios de hacérselo saber, pero si el gobierno decide no darle entidad, la situación puede culminar con estallidos traducidos en protestas o manifestaciones multitudinarias, e incluso en la violencia anómica. El rol de los partidos políticos se vuelve central ya que de ellos depende la canalización y la representación de las demandas e intereses ciudadanos ante los gobiernos. Si esto no se logra, podría llegar a peligrar la estabilidad democrática.

La falta de representación y pérdida de legitimidad tuvo su máxima expresión en el 15-M español, también conocido como el movimiento de los indignados, cuando la sociedad española bajo el lema “No nos representan”, atacó al sistema bipartidista conformado por el PSOE y el PP. El movimiento cobró notoriedad ya que logró instalar en el debate público el problema en torno a la “representatividad de las instituciones políticas, las normas electorales, la dación en pago, la transparencia de las retribuciones de altos cargos o la corrupción”.[5] Así, el 15-M se consagró como el movimiento que exigió un cambio en el sistema de partidos español, pasando de un modelo que actuaba con mecánica bipartidista, aludiendo al concepto introducido por Sartori (1980), a uno más plural, que representara las diversas voces de la población. Hoy en día, el sistema de partidos español es un multipartidismo integrado por Podemos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s) y Vox; nombrados según el ordenamiento ideológico en el eje izquierda-derecha.  

En síntesis, la transición hacia modelos de ciudadanía asertiva combinada con la crisis de representación de los partidos políticos, una desconfianza en la burocracia estatal y los problemas sociales que conlleva el capitalismo neoliberal ha provocado que las poblaciones se vuelvan cada vez más exigentes con sus líderes y representantes y que las democracias puedan verse sacudidas frente a situaciones no previstas.

Sin embargo, reafirmo que la democracia no está en crisis. Si alguno de estos aspectos cobra relevancia en el plano político, social o económico y no presenta una solución por parte de dos de los actores más importantes del sistema político, que serían los titulares de los roles gubernamentales y los partidos, el sistema democrático podría verse en jaque. Esto sería porque, frente a un sistema que no responde a las demandas de sus ciudadanos y falla en atender a sus intereses, la misma población podría buscar y ceder su representación y derechos en alguien que sí lo haga, lo que podría derivar en el populismo o autoritarismo. Y en este sentido coincido con Levitsky en que el papel que desarrollen las élites resultará central, ya que pueden cambiar completamente el establishment dependiendo a quien decidan apoyar.

  Suele decirse que ser ciudadano es un trabajo de tiempo completo y somos cada uno de nosotros los que contribuimos diariamente a mantener la calidad institucional de la democracia, mediante las pequeñas o grandes acciones.

Cuando delegamos nuestro poder en los representantes mediante las elecciones, estamos cediendo derechos y poder de decisión, por eso resulta de vital importancia a la hora de votar informarse sobre quiénes serán aquellas personas que ocuparán los cargos públicos y que harán en ellos. Si bien la democracia representativa presenta, efectivamente, el mandato representativo, también contiene el mandato imperativo y los representantes pueden ser revocados en una elección próxima o mediante otros mecanismos legales que ampare el sistema. Sin embargo, es necesario que las sociedades al no sentirse representadas por las personas que eligieron o, en el caso contrario, al ser avasalladas por el poder de los funcionarios públicos, evalúen también su cuota de responsabilidad, ya sea por acción u omisión.

La democracia debe construirse y cuidarse por todos los actores del sistema político, incluida también la ciudadanía. Si el Estado, partidos políticos y ciudadanos toman este principio como un objetivo a cumplir, la democracia podrá sufrir problemas, pero no entrará en crisis.

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[2] MARS, A. (12 de abril de 2019). Steven Levitsky: “La democracia hoy es menos elitista, es mucho más circo”. El País. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2019/04/05/ideas/1554485166_408018.html

[3] PARDO, D. (28 de octubre de 2019). Macri pierde la reelección en Argentina: los 3 errores que torpedearon un proyecto que se planteó “para 20 años”. BBC Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50092160

[4] Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2019 la pobreza en el país alcanzó el 35,4%.

[5] La huella del 15-M. (17 de mayo de 2016). El País. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2016/05/16/opinion/1463423568_540429.html